La Audiencia reabre la causa contra el grupo Esabe y carga contra Inspección de Trabajo.

El tribunal recuerda que en 2018 se les asignaron «cuatro funcionarios» para sacar adelante un informe, pero años después se escudaron en que era «materialmente imposible».

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir la causa contra el grupo de seguridad Esabe. La Policía Nacional detuvo a la mayor parte de la cúpula de esta empresa en 2012 por alzamiento de bienes, insolvencia punible, falsedad documental y delitos contra la Seguridad Social, pero, en 2023, el juzgado que se hizo cargo del caso archivó la investigación y advirtió sobre la falta de medios para acreditar los indicios.

En un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, la Audiencia corrige ahora esa decisión y se muestra tajante: «Hay indicios (…) para continuar con la tramitación de la causa, siendo indiferente que la tramitación lleve más de 12 años«.

Los magistrados inciden para ello en el presunto fraude millonario que esta empresa perpetró contra la Seguridad Social y cargan con dureza contra el servicio de Inspección de Trabajo, al que el juzgado pidió sin éxito un informe antes de archivar la causa. «El hecho de que el servicio de Inspección de Trabajo considere materialmente imposible realizar informe sobre la situación del grupo empresarial sobre los extremos solicitados no es válido«, critica la Audiencia en su resolución.

El tribunal recuerda que, en octubre de 2018, se les llegó incluso a asignar «cuatro funcionarios» para sacar adelante este informe, pero, tres años después, en julio de 2021, el juez que instruía el caso se vio obligado a pedir una vez más «información sobre la no realización del informe». Pese a ello, el documento solicitado nunca llegó, tal y como critica la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) en el recurso que ha provocado la reapertura del procedimiento.

«Se ha reiterado hasta la saciedad, incluso por el propio órgano judicial, la emisión de informe pericial de la falta de cotizaciones de trabajadores aunque pudieran estar prescritos desde 2008, pero las dificultades materiales esgrimidas no son argumento suficiente para su no realización, puesto que existen indicios de delito contra los derechos de los trabajadores y debe revocarse la resolución y continuar con la tramitación», denuncia la FTSP-USO en su escrito.

De hecho, la propia Tesorería de la Seguridad Social también recurrió el archivo de la causa, para lo que advirtió de que el grupo Esabe mantenía una deuda de más de un millón de euros con ellos. En la misma línea, avisaron de que el plazo de prescripción de 2008 se aplicaría a «la reclamación administrativa y no a la penal», criticando a su vez que el archivo ignorara «las declaraciones de supuestos testaferros y de numerosos investigados» cuando algunos de los implicados siguen fugados.

Tras revisar estos recursos, la Audiencia Provincial de Madrid les da la razón y concluye que los hechos podrían encajar con el artículo 307 del Código Penal. «El que, por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social, eludiendo el pago de las cuotas de esta y conceptos de recaudación conjunta, (…) será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía salvo«, establece el mismo.

En cuanto al delito de alzamiento de bienes, que se castiga con entre uno y cuatro años de cárcel, los magistrados consideran que tampoco puede descartarse: «Los administradores del grupo empresarial pudieron haber agravado, a título indiciario, la insolvencia mediante la desaparición de bienes que componen la masa patrimonial, ya que frente a los valores de las cuentas anuales de 2010, únicamente se pudo localizar un 0,83% del activo, y de los 43 vehículos, finalmente se hallaron cinco abandonados».

La resolución insiste además en que todo ello se llevó a cabo con «una situación de opacidad que dificulta la aclaración de los hechos» y «la determinación de las causas de insolvencia», pues los indicios recabados hasta el momento dejan claro que el grupo de seguridad no contaba con una «contabilidad correcta» o incluso podría haber hecho uso de «una doble contabilidad«.

Tras conocerse la reapertura del caso, el secretario general FTSP USO, Basilio Febles, ha celebrado la decisión: “La USO no parará en su empeño por que se haga Justicia. Han pasado 15 años, pero no nos olvidamos ni nos olvidaremos de las víctimas de esta empresa, que son los trabajadores”.

Fuente: