FTSP-USO: La condena a Héctor de Armas confirma años de denuncias sobre la gestión de Seguridad Integral Canaria

La reciente condena al exadministrador único de Seguridad Integral Canaria, Héctor de Armas, por la apropiación de 83.000 euros procedentes de fondos bancarios custodiados por la empresa supone un nuevo episodio judicial que vuelve a situar bajo los focos la gestión de una compañía cuya trayectoria estuvo marcada por los conflictos laborales, los impagos salariales y las reiteradas denuncias sindicales.

«Desde FTSP-USO recordamos que durante años advertimos de las graves irregularidades que afectaban tanto a los trabajadores como a la propia viabilidad de la empresa. Mientras miles de vigilantes sufrían retrasos en el cobro de sus salarios, pérdida de derechos laborales e incertidumbre sobre su futuro profesional, la dirección de Seguridad Integral Canaria acumulaba procedimientos judiciales y denuncias relacionadas con su gestión».

Según la resolución judicial, los hechos se remontan a 2018, cuando se produjeron retiradas de dinero procedente de fondos custodiados para entidades bancarias. Aunque Héctor de Armas alegó durante el procedimiento que dichos fondos se utilizaron para atender pagos urgentes a trabajadores que llevaban meses sin percibir sus nóminas, la Justicia ha considerado acreditada su responsabilidad penal.

Para FTSP-USO, esta sentencia no puede analizarse de forma aislada. Forma parte de un largo historial de actuaciones empresariales que tuvieron como principales perjudicados a los trabajadores de Seguridad Integral Canaria. Durante años, este sindicato denunció ante la Inspección de Trabajo, los tribunales y las administraciones públicas prácticas que deterioraron las condiciones laborales de la plantilla y que generaron una situación de precariedad sin precedentes en el sector de la seguridad privada en Canarias.

La organización sindical recuerda que muchas de las actuaciones denunciadas por FTSP-USO dieron lugar a investigaciones judiciales y procedimientos que pusieron de manifiesto graves incumplimientos laborales y presuntos fraudes contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública. Aunque algunas causas concluyeron con resoluciones absolutorias, el sindicato ha mantenido siempre que los trabajadores fueron las principales víctimas de un modelo empresarial basado en el deterioro de sus derechos laborales.

Esta nueva condena vuelve a evidenciar la importancia de la labor sindical y la necesidad de reforzar los mecanismos de control sobre aquellas empresas que gestionan servicios esenciales y que operan con fondos de terceros. FTSP-USO seguirá defendiendo los derechos de los vigilantes de seguridad y exigiendo responsabilidades cuando la gestión empresarial perjudique a los trabajadores o ponga en riesgo la estabilidad de sus empleos.

La historia de Seguridad Integral Canaria deja una lección clara: cuando se ignoran los derechos laborales y se anteponen otros intereses a las condiciones de trabajo de la plantilla, quienes terminan pagando las consecuencias son siempre los trabajadores y sus familias.

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