El «Efecto Sinergias»: El escándalo de los 37 millones que pone en jaque la contratación de seguridad en Canarias

El sector de la seguridad privada en el archipiélago canario, asiste a uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente. El caso de Sinergias de Vigilancia y Seguridad, empresa que llegó a gestionar contratos millonarios con administraciones públicas, se ha convertido en el paradigma de lo que los sindicatos denominan «piratería empresarial», tras revelarse un presunto fraude a la Seguridad Social que asciende a 37 millones de euros.

Un modelo de negocio basado en la precariedad

La investigación, detalla hasta siete métodos distintos mediante los cuales la compañía habría eludido sus obligaciones con las arcas del Estado. El modus operandi no era solo una cuestión de impagos, sino una ingeniería contable diseñada para reducir costes laborales de forma ilícita, compitiendo con ventaja desleal frente a empresas que sí cumplen el convenio estatal.

Entre las prácticas detectadas, destaca el uso de «cláusulas de descuelgue» ficticias y el trasvase de plantillas entre empresas del mismo grupo para fragmentar la deuda y dificultar el rastreo de la Inspección de Trabajo.

El papel de la Administración: ¿Falta de celo o vacío legal?

Lo que más indigna a fuerzas sindicales como la FTSP-USO, que ha denunciado incansablemente estas prácticas, es cómo una empresa con este perfil pudo adjudicarse contratos por valor de millones de euros en instituciones clave. El caso de Sinergias pone en evidencia las grietas de la Ley de Contratos del Sector Público: mientras el criterio del «precio más bajo» siga primando sobre la solvencia ética y laboral, el sistema seguirá siendo vulnerable a empresas que basan su beneficio en el impago de cuotas y el recorte de derechos.

La cifra de 37 millones de euros no solo representa un agujero en el sistema público, sino que supone un drama para cientos de vigilantes que se han visto atrapados en procesos de subrogación complejos, con nóminas pendientes y cotizaciones en el aire.

Este escándalo marca un antes y un después en las licitaciones en Canarias. La presión sindical de la FTSP-USO y las recientes resoluciones judiciales están forzando a que organismos como la Universidad de La Laguna o los distintos Cabildos extremen las precauciones y modifiquen sus pliegos para evitar que la sombra de Sinergias —o de empresas con tácticas similares— vuelva a proyectarse sobre la seguridad de los ciudadanos.

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