Suma y sigue de Miguel Ángel Ramirez

La Fiscalía pide para Ramírez 6 años de cárcel y multa de 2,89 millones por otro presunto fraude fiscal.

Nuevo contratiempo judicial para el empresario Miguel Ángel Ramírez. Si hace unas semanas la Fiscalía Provincial de Las Palmas se querelló contra el presidente de la UD Las Palmas por el conocido como caso Damco, ahora ha elevado un escrito de acusación en el que le pide una condena de seis años y el pago de 2,89 millones de euros de multa por dos delitos contra la Seguridad Social cometidos, presuntamente, en la gestión de Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Marsegur Canarias o también conocida como Novo Segur.

Además de Ramírez, hay cinco acusados más que, según el Ministerio Público, deberían indemnizar de forma conjunta y solidaria a la Tesorería General de la Seguridad Social en la cantidad de 791.572 euros por la supuesta cuota debida por la «infracotización de los trabajadores» que tenían a su cargo en la mercantil Novo Segur Seguridad Privada, que anteriormente se denominó Marsegur Seguridad Privada. Los restantes acusados son Alicia Pérez Sánchez -a la que la Fiscalía le pide la misma condena que a Ramírez-, Jacobo López Perdomo -se enfrenta a tres años y multa de 517.394 euros-, Antonio Redondo Álvarez, Jesús Miguel Acosta Santana y Gladys Acosta García -a estos tres últimos le pide tres años de prisión y 2.374.718 euros-.

En este nuevo procedimiento, que nació en el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria y será juzgado por la Audiencia Provincial, el Ministerio Público pone su diana sobre la presunta «infracotización de sus trabajadores» derivada de no haber incluido en la configuración de las bases de cotización «las remuneraciones a que tenían derecho» con arreglo a los convenios estatales del sector de empresas de seguridad y a los propios convenios de ambas mercantiles «con una evidente intención defraudatoria», sostiene la Fiscalía.

La redactora del escrito es nuevamente la fiscal delegada de Delitos Económicos, Evangelina Ríos, que ejerció en su momento la acusación del procedimiento por presunto fraude fiscal de Seguridad Integral Canaria que está aún pendiente de sentencia y de la querella origen del caso Damco.

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