Desde FTSP-USO hemos forzado la suspensión del concurso público para el servicio de seguridad y vigilancia de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (À Punt), que comprende el centro de trabajo de Burjassot y la protección de sus unidades móviles.

Nuestra intervención en la Plataforma de Contratación del Sector Público ha puesto de manifiesto un incumplimiento claro de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP). En los pliegos de condiciones se otorgaba al criterio económico un peso superior al legalmente permitido, vulnerando los principios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio y el equilibrio entre criterios automáticos y cualitativos.

Tal y como establece la normativa y la doctrina de los órganos de contratación, el precio no puede convertirse en el eje dominante del proceso, ni superar los límites que desvirtúan una adjudicación objetiva. En este caso, se sobrepasaba el umbral del 49%, lo que supone una distorsión del modelo legal de contratación pública.

No estamos ante una simple irregularidad administrativa. Este tipo de prácticas constituyen un mecanismo recurrente para forzar adjudicaciones a la baja, cuyas consecuencias recaen directamente sobre las condiciones laborales: reducción de costes salariales, pérdida de derechos y precarización del empleo en el sector de la seguridad privada.

Desde FTSP-USO hemos actuado con firmeza para frenar este procedimiento y evitar que se consolide una vulneración de la legalidad con impacto directo en los trabajadores.

Advertimos con rotundidad: vamos a seguir fiscalizando todas las licitaciones del sector. El cumplimiento de la LCSP no es opcional. Donde se detecten desviaciones, actuaremos. Donde se intente utilizar la contratación pública para degradar condiciones laborales, nos tendrán enfrente.

La defensa de la legalidad, del convenio colectivo y de unas condiciones dignas no admite concesiones.